Inútil la pena capital, coinciden especialistas




Aplicar la pena de muerte es un acto de barbarie que nada resuelve, tal es el señalamiento expuesto por representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes se pronunciaron por reformar el sistema jurídico mexicano para lograr una verdadera readaptación de los delincuentes

La ejecución de Timothy McVeigh, el joven estadunidense culpable del atentado al edificio federal Alfred Murrah, en Oklahoma, donde murieron 168 personas, revivió en México la discusión sobre la pena de muerte.

Especialistas, juristas, constitucionalistas, defensores de los derechos humanos y representantes de la jerarquía católica reprobaron este instrumento que aún prevalece en el artículo 22 de la Constitución, por considerar que este tipo de prácticas no disminuye la incidencia delictiva.

Exhortaron al gobierno mexicano a ratificar el segundo protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos, destinado a abolir la pena de muerte, aprobado por la ONU.



Ignacio Burgoa Orihuela

Jurista y profesor emérito de la UNAM

La pena capital no es el castigo adecuado para los autores de delitos graves. Se les debe de tratar duramente dentro de las prisiones, se les debe hacer, incluso, hasta sufrir para que vean cuáles son las consecuencias del daño que infirieron a la sociedad a través de la perpetración de crímenes nefastos.

Se debe elaborar un estudio exhaustivo que sirva de base al Congreso de la Unión para aprobar una reforma integral que incluya, además de reformas a los códigos penal y de procedimientos penales, un nuevo sistema de derecho penitenciario en el que a los internos se les obligue a trabajar en beneficio de la sociedad dentro de la prisión.

La reforma, además de hacer más eficiente el sistema penitenciario y contribuir a que el delincuente repare su falta, disminuiría el costo que cada recluso representa para el Estado.



Gilberto Rincón Gallardo

Presidente del Consejo Nacional contra la Discriminación

Al conocer la magnitud del crimen cometido por Timothy McVeigh se piensa que es justa la pena de muerte, sin embargo esta acción no resuelve nada, mucho menos en sistemas judiciales como el mexicano, en donde la corrupción es un asunto frecuente.

En México no es tiempo de hablar de pena de muerte. Primero necesitamos un sistema de procuración de justicia plenamente confiable y todavía nos falta un tramo para lograrlo.



Diego Valadez

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

No soy partidario de la pena de muerte por razones éticas, por un lado, pero también por razones prácticas. Lo que se ha demostrado en todos los lugares en donde la pena de muerte se aplica es que no resulta un elemento persuasivo en la incidencia delictiva. Lo que se ha demostrado que abate los niveles delictivos es la disminución de la impunidad y no la maximización de las penas. En México, y así está en la Constitución, las sanciones deben tener una función de readaptación del delincuente.



Santiago Corcuera

Director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana

El debate de si es o no conveniente aplicar la pena de muerte en nuestro país está ya rebasado, es inútil. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4.2, señala claramente que la pena capital no se puede reinstalar en los sistemas de impartición de justicia de los estados miembros.

La convención, de la que nuestro país forma parte, tiene un rango jerárquico superior a las leyes federales y de los estados, por lo que no se podrá extender su aplicación a delitos para los cuales no se aplique actualmente.

Las ejecuciones son el peor de los ejemplos para la sociedad, pues no favorecen un ambiente de arrepentimiento, de perdón, que es hacia donde debería de dirigirse el derecho penal, hacia sistemas de ofrecimiento de disculpa, aceptación de disculpa, cambio de actitud del responsable, perdón y reconciliación.



Raúl Carrancá y Rivas Jurista

Aplicar la pena de muerte en México es inútil, pues llevar a la cámara de gases a un peligroso delincuente sólo es un elemento morboso que provoca la presencia de nuevos delincuentes motivados por el riesgo.

La pena capital se contrapone al espíritu constitucional de la readaptación social. Las voces que tratan de promover el establecimiento de la pena capital en el país se dejan llevar por el enojo que produce el delito.

En Europa se ha demostrado que cuando se implanta la pena de muerte no se abaten los índices de criminalidad. Paradójicamente, esta pena aumenta la comisión de delitos.

El enigma por resolver es la readaptación social, porque métodos como la inyección letal o la silla eléctrica sólo son cafiaspirinas que resuelven el dolor de cabeza, pero no van a las causas de la criminalidad.

Al margen de la religión que se profese, si el hombre es redimible en lo trascendente, es también readaptable en lo social.



Jacinto Guerrero

Obispo, presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia del Episcopado Mexicano

Los católicos defienden la vida y nadie puede disponer arbitrariamente de ésta, ni aun por problemas de justicia. Con la pena de muerte no se solucionan los problemas. Se requiere de una justicia restaurativa y revisar las leyes, que algunas son muy débiles, para adecuarlas a nuestros tiempos.

En México, afortunadamente, no se plantea como una solución a la violencia, porque sería un retroceso para imponer la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente.



Óscar González

Presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos

La pena de muerte es un acto de barbarie que algún día tendrá que pasar a ser cosa del pasado. Es darle mayor peso a la fuerza que a la razón y no es una salida o una alternativa. Quienes se pronuncian a favor de la pena de muerte, lo que deberían hacer es ofrecer propuestas democráticas y distintas

La única forma de avanzar en la impartición de justicia es realizando reformas a fondo en el sistema judicial.



José Antonio Sandoval

Secretario ejecutivo de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado

La pena capital no es la solución para atemorizar y que no se cometan delitos.

Los medios de comunicación alimentan el morbo y no respetan los derechos de las personas.

Con la globalización, este tipo de casos se muestran como un ejemplo para evitar que se asesine a gente inocente, aunque la pena de muerte no sea la mejor solución, y es una lástima que los medios la retransmitan.



Luis de la Barreda Solórzano

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

La pena de muerte sigue proscrita entre nosotros, a pesar de quienes –sordos a la razón y ciegos a nuestros mejores avances civilizatorios– claman por su retorno. La pena de muerte no aumenta la eficacia de los órganos encargados de prevenir y de perseguir los delitos. Nadie puede legítimamente condenar a un ser humano –por reprobable que haya sido su conducta– a morir.

Cuando se comete un homicidio, lo reprobamos independientemente de las calidades, méritos o miserias de la víctima. Aunque el sujeto pasivo sea a su vez un homicida, todos los códigos penales del mundo lo consideran un delito grave.



Javier Acuña

Encargado de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México

Es necesario una reestructu-ración del sistema penitenciario para evitar la pena de muerte, y el que Estados Unidos aún la mantenga es una lástima, porque muestra que no encuentren los caminos adecuados para solucionar los problemas.



Adrián Ramírez

Director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

La sentencia de muerte nunca es suficiente para prevenir actos terroristas. La muerte de McVeigh no va a resolver la proliferación de la cultura violenta en el país norteamericano.

En México, el artículo 22 constitucional establece que la pena de muerte está vigente, pero afortunadamente no se aplica en el país. Nosotros nos hemos pronunciado por eliminar el último párrafo para derogar la pena capital. Como sociedad no debemos recurrir a ella.



Francisco Javier Acuña

Responsable de la Comisión de Paz y Justicia del Arzobispado de México y director del proyecto de Derechos Humanos de la Universidad Anáhuac del Sur

Es inaceptable la pena de muerte. Cada vez se expone con una mayor frivolidad este tipo de ejecuciones. La pena capital seguirá siendo una de las más grandes contradicciones de la sociedades avanzadas, es un ejercicio que se llevaba a cabo bajo la justificación de la teoría del mal menor para cercenar de la sociedad a los individuos indeseables.

Lo más aberrante es que nos coloca como verdugos, pasivos o activos, de alguien que desde luego puede ser desalmado y despreciable, pero que nos hace iguales él.

Al aplicar esta pena se nos hace compartir un instante de esa condición humillante. Cortar la vida de alguien es una pésima demostración de insensibilidad e intolerancia.

Nosotros tenemos que trabajar arduamente para desterrar, como se ha comprometido México en el Pacto de San José de la Convención Americana de Derechos Humanos, la pena capital. Tenemos que movilizarnos para que el Senado y el Ejecutivo ratifiquen en breve el segundo protocolo y hagan coherente la legislación con el derecho a la vida.



Edgar Cortez

Representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

La pena de muerte, más que una forma de justicia y reparación del daño causado, es más bien es una vía de venganza.

Un pronunciamiento contra las ejecuciones por parte de nuestro país sería la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte en todo el mundo, y que es iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas.

En dicho protocolo, los estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción, lo que contribuirá a elevar la dignidad humana y desarrollar los derechos humanos.

Es por ello que el gobierno mexicano debe ratificar este instrumento internacional y así defender el valor fundamental del derecho a la vida, que posibilita el ejercicio de los otros derechos.

La ratificación del protocolo sería un signo inequívoco de la disposición del gobierno para fortalecer la tendencia mundial para luchar contra los resabios de la barbarie.



Elisur Arteaga

Constitucionalista

El artículo 22 de la Constitución contempla la pena de muerte al traidor a la patria, al parricida, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata, al incendiario; se trata de una consideración establecida desde 1917. Pero en los códigos locales no se establece como una muestra del proceso evolutivo que ha seguido nuestro derecho penal, que va en sentido totalmente distinto de la privación de la vida de un delincuente.



Rocío Gálvez

Presidenta del Comité Nacional ProVida

Nos pronunciamos a favor de la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte por causas naturales. La sociedad debe de manifestarse para que la pena de muerte sea abolida dentro de la Constitución.

En su lugar se deben exigir penas más justas y aplicar la cadena perpetua, la cual es una sentencia más digna y humana, ya que da tiempo al delincuente para meditar y arrepentirse de sus actos.

Con esta medida se protege a la sociedad, se evita la deshumanización, sobre todo en aquellos casos en donde la justicia falla al condenar a personas inocentes.

El sistema de justicia en México no está calificado para aplicar la pena capital, debido a los problemas de corrupción y lo oscuro de los procedimientos judiciales, además de ser una medida indeseable.

La pena capital no soluciona nada, ningún ser humano tiene derecho a quitar la vida de otro, excepto en aquellos casos donde se justifique la legítima defensa.





Ejecuciones en EU

De 1976 (año de reanudación de la pena capital) a la fecha se han ejecutado a 697 presos, 85 el año pasado y 15 en el transcurso de 2001.

Del total de personas ejecutadas, 337 son blancos, 248 afro-americanos, 49 hispanos y 13 nativos americanos y asiáticos.

Desde 1990 más de 350 personas han sido ejecutadas, y más de 3 mil 300 esperan su turno.

En 1999 se ejecutó a 98 personas, más que ninguno de los años transcurridos desde 1951.

Sólo seis mujeres han sido ejecutadas en la historia de la pena capital. La última fue Wanda Jean Allen, en Oklahoma, el 11 de enero de este año.

A 35 delincuentes con retraso mental se les ha aplicado la pena.

Entre 1976 y marzo de 2000 han sido excarcelados 95 condenados a muerte, una vez que salieron a la luz pruebas de su inocencia.

166 personas ejecutadas entre 1998 y 1999 fueron encontradas culpables de matar a más de 230 individuos de sus congéneres.

En 1973 a 1988 el estado de California gastó un estimado de 57 millones de dólares en la pena de muerte; esto significa un promedio de 3.2 millones por ejecución.

Con frecuencia las autoridades, cuyos cargos dependen de las urnas, consideran la pena capital como “necesaria” para obtener el éxito electoral.

46 mujeres esperan ser ejecutadas. Texas y California tienen el mayor número de sentencias (ocho cada uno).

El sur del país es responsable del 80 por ciento de las ejecuciones. El noreste tiene el índice más bajo del país, con menos del 1por ciento.

Desde principios del 2000, 325 hispanos esperan turno para ser ejecutados, muchos aún sin fecha exacta, de los cuales 107 se encuentran en cárceles de California.